Estrasburgo- El Comité de Ministros del Consejo de Europa ha aprobado un informe, hecho público ayer, sobre la aplicación en España de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias –en vigor desde 2001–, realizado por un comité de expertos que efectuó en mayo de 2004 una visita a varias ciudades para entrevistarse con autoridades regionales y jurídicas, políticos, periodistas, pedagogos, ONG y representantes lingüísticos.
   Una de las principales conclusiones del estudio es que «debe elogiarse a España por el sólido reconocimiento y el alto grado de protección asegurados en principio a las lenguas regionales», al tiempo que sitúa a España «entre los países más firmemente comprometidos con la protección y promoción de las lenguas regionales».
   
Fuerte compromiso. Tras afirmar que «España ha optado por una serie de compromisos que superan con creces el límite establecido en la Carta», hace hincapié en una serie de deficiencias, en la proyección social de las lenguas cooficiales y otras regionales, especialmente en los ámbitos de la Justicia, de los funcionarios de la Administración del Estado, la Educación y los medios de comunicación.
   En el caso judicial, el comité recomienda a las autoridades españolas «que tomen las medidas jurídicas y prácticas necesarias» para conseguir que un «porcentaje adecuado del personal» conozca las lenguas pertinentes, mientras que para las oficinas de la Administración central se solicita que se «examinen sus programas de contratación, de carrera y de formación» del personal.
   El extenso informe (177 páginas) propone, además, aumentar la oferta de la enseñanza en euskera en el País Vasco; fomentar esta lengua en los medios de comunicación de Navarra, y establecer un marco jurídico para el aragonés y el catalán en Aragón.
   Aparte de destacar el «excelente sistema educativo» de Cataluña, el texto destaca las «deficiencias» de la enseñanza primaria y secundaria en el País Vasco que impiden un verdadero bilingüismo, la falta del «nivel exigido» en la enseñanza del gallego y el hecho de que primen los topónimos castellanos sobre los de esta lengua, como en el caso de La Coruña. Además, el comité de expertos echa en falta la «publicación oficial sistemática y oportuna de los textos legislativos nacionales en las lenguas regionales».
   Durante su visita a Pamplona, Vitoria, Bilbao, Oviedo y Madrid, el citado comité escuchó quejas como las de periodistas del diario abertzale «Berria», a quienes «se les tacha, sumariamente, de terroristas de ETA», y que «los promotores de la lengua pueden ser objeto de estigmatización y ser acusados de promover el terrorismo debido a su compromiso con la lengua y cultura vascas».
   Por esta situación, el comité anima a hacer los esfuerzos necesarios «para la protección y la promoción del vascuence, iniciativas que son totalmente independientes de cualquier forma de violencia política o de terrorismo, que siguen siendo, por supuesto, inaceptables». Al tiempo se hace eco de la situación de los ciudadanos que han emigrado del País Vasco a Navarra y que, «en el mejor de los casos, difícilmente comprenden o conocen las razones por las que se protege y promueve el vascuence».