LEGISLACIÓN

2006

21 DE JUNIO

ESTATUTO DE ARAGÓN

     
   Autonomías
 Acualizado martes, 27 de junio de 2006

Estatuto aragonés.- PSOE, PP, PAR e IU defienden la nacionalidad histórica de Aragón con más derechos y competencias

Noticia publicada a las 18:51
miércoles, 21 de junio de aaaa


ZARAGOZA, 21 (EUROPA PRESS)

PSOE, PP, PAR e IU aprobaron esta mañana el proyecto de ley de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, que reconoce a la comunidad autónoma como una nacionalidad histórica y que recoge una carta de derechos para todos los aragoneses y personas residentes en Aragón, así como un listado ampliado de las competencias a asumir, entre las cuales destacan, por ejemplo, la creación de una agencia tributaria. Desde diciembre de 2004, representantes de los cinco Grupos Parlamentarios, los mencionados y Chunta Aragonesista, trabajaron en una Ponencia para elaborar un texto que debía superar el de la reforma de 1996. Los Grupos cerraron una propuesta que incluía un preámbulo a modo de declaración de principios políticos de la comunidad, y hace poco más de un mes, CHA decidió no apoyar el texto final por discrepancias en asuntos como el derecho hidráulico, las lenguas minoritarias o la financiación.

El presidente de las Cortes autónomas, Francisco Pina, entregará a su homólogo del Congreso de los Diputados, Manuel Marín, una copia de este proyecto el próximo lunes, 26 de junio. Las Cortes Generales tramitarán el futuro Estatuto como ley orgánica, ya que su pertenencia al bloque legislativo constitucional le da esta fuerza de ley. Está previsto que el Congreso le dé el visto bueno definitivo antes de final de año, para que entre vigor en enero de 2007.

"NACIONALIDAD HISTÓRICA" Aunque el preámbulo del Estatuto denomina a Aragón "nacionalidad", el artículo uno del nuevo texto configura a la comunidad como "nacionalidad histórica". Esta es la denominación que prevalece y con ella se pretende resaltar la legitimidad histórica de Aragón como entidad política diferenciada.

La condición política de aragonés, a efectos estatutarios, se concede a los españoles residentes en Aragón con vecindad administrativa o los aragoneses emigrados y sus descendientes con nacionalidad española. Además, el proyecto de Estatuto obliga a los poderes públicos a "facilitar y potenciar" la participación de los extranjeros radicados en Aragón en las decisiones "de interés general".

El nuevo Estatuto reconoce a los aragoneses todos los derechos reconocidos en la Constitución, la norma fundamental para todos los españoles, así como los establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los convenios de protección de estos derechos, así como los derechos introducidos por el legislador aragonés.

En su redacción actual, se encomienda a una ley autonómica la protección y promoción de la lengua aragonesa y el catalán de Aragón, aunque no se recogen estas denominaciones ni se menciona la co-oficialidad. "Nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua", indica el texto. CHA exige la co-oficialidad.

DERECHOS DE LOS ARAGONESES El proyecto de reforma del Estatuto incluye un Título, el primero, sobre "Los derechos de los aragoneses", entre los que se incluyen el derecho a vivir con dignidad, seguridad y autonomía, así como el libre desarrollo de la personalidad. También, el derecho a conciliar la vida laboral y familiar, y a morir dignamente.

La norma establece que todas las personas tienen derecho a acceder a los servicios sanitarios públicos, en condiciones de igualdad, universalidad y calidad, y los usuarios de la sanidad pública aragonesa tienen derecho a la libre elección de médico y centro sanitario. También se reconoce a los servicios públicos de calidad; a la protección de los datos personales; a un medio ambiente sostenible.

El proyecto de Estatuto dedica un artículo a los derechos relativos al uso del agua, entre ellos el de disponer de un abastecimiento de agua en condiciones de calidad y cantidad suficientes para atender las necesidades presentes y futuras, en concreto el consumo humano y el reequilibrio territorial; el derecho de promover el uso racional del agua y fijar los caudales ambientales apropiados.

El texto indica que corresponde a los poderes públicos, de acuerdo con el principio de unidad de cuenca, velar para evitar cualquier transferencia de aguas de las cuencas hidrográficas en las que se encuentra la comunidad autónoma, atendiendo a intereses de sostenibilidad y garantía de los derechos de las futuras generaciones de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal. Será preceptivo un informe de la comunidad para acordar cualquier detracción de aguas.

POLÍTICAS PÚBLICAS El Estatuto también se refiere a los principios rectores de las políticas públicas, entre los que están la promoción de la libertad y la igualdad del individuo y los grupos; la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores; la educación de calidad; la protección integral de la familia; la igualdad entre el hombre y la mujer.

También, la protección de la infancia; la emancipación de los jóvenes; la integración de las personas con discapacidades y la protección de las personas mayores; el pleno empleo; la vivienda digna; la integración de los inmigrantes; la promoción de la cultura de la paz.

Por otra parte, el Gobierno podrá aprobar Decretos-leyes y se podrán disolver las Cortes anticipadamente iniciando a continuación una nueva legislatura completa.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) será el órgano jurisdiccional en el que culminará, de aprobarse el Estatuto, la organización judicial en Aragón y ante el cual se agotarán las sucesivas instancias procesales cuando no hayan concluido ante otro órgano jurisdiccional radicado en Aragón. El TSJA conocerá los recursos de casación relativos al Derecho civil foral aragonés. Se creará un Consejo de Justicia de Aragón.

El Título dedicado a las competencias mantiene las actualmente vigentes y se amplía, con actividades novedosas como la biotecnología o la posibilidad de creación de una policía autonómica.

HACIENDA El proyecto de Estatuto afirma que Aragón tendrá una Hacienda propia basada en la suficiencia de recursos, la equidad, solidaridad, coordinación, equilibrio financiero y lealtad institucional. También recupera el actual artículo 48 y establece que se suscribirá un acuerdo en materia de financiación entre Aragón y el Estado. El sistema de cupo, como en País Vasco, quedó excluido en el proceso de debate y votación de enmiendas.

El futuro Estatuto contempla la cesión a la comunidad, de acuerdo con el Estado, del impuesto sobre la renta; el patrimonio; sucesiones y donaciones; transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados; el juego; el valor añadido; la cerveza; el vino; los productos intermedios; el alcohol; los hidrocarburos; el tabaco; la electricidad; determinados medios de transporte y la venta minorista de determinados hidrocarburos.



 

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